Gloria Jara Guerrero tenía 59 años, era abogada y ex responsable de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Viedma. Murió en septiembre del año pasado tras varios ingresos al sistema de salud por un cuadro de dolor abdominal agudo. Por el hecho, se abrió una investigación judicial por presunta mala praxis y esta semana, a más de un año del caso, imputaron a los tres médicos que la atendieron.
La fiscalía acusó a Maiana Luz González (35), Valeria Elizabeth Painequeo (31) y Alejandro Germán Vizcarra Díaz (52), profesionales del Hospital Artémides Zatti, por homicidio culposo por los hechos ocurridos entre el 28 y el 30 de septiembre de 2024, cuando Gloria acudió en reiteradas ocasiones a la guardia hospitalaria y también a otros centros privados.
En la audiencia de formulación de cargos, la jueza Georgina Amaro Piccinini, la fiscal Paula Rodríguez Frandsen y los defensores particulares expusieron los hechos y contestaron planteos vinculados con la atribución de responsabilidades.
Según el Ministerio Público Fiscal, a una de las médicas residentes se la acusa por no haber brindado atención adecuada durante la madrugada del 28 de septiembre. El alta se le dio a la paciente sin una valoración clínica completa ni el pedido de estudios, lo que, siempre según la acusación, generó una demora en el diagnóstico de apendicitis aguda con pérdida de oportunidad terapéutica.
El médico cirujano quedó imputado por no haber controlado debidamente a Gloria tras la cirugía y no haber solicitado estudios necesarios, mientras que la tercera profesional fue señalada por no realizar controles evolutivos.
La fiscalía informó que cuenta con la denuncia de la familia, la historia clínica, estudios médicos y testimonios del hospital entre los elementos probatorios.
El desarrollo del caso fue detallado por el medio VDM Noticias. De acuerdo con la crónica, Gloria sintió un fuerte dolor abdominal el viernes 27 de septiembre por la madrugada. Primero pasó por la Guardia de la Clínica Viedma, donde le administraron una inyección y la enviaron a su casa.
Al empeorar, buscó atención con su médico de cabecera, quien le pidió análisis y una ecografía que nunca logró realizarse en el sector privado por cuestiones administrativas.
“No hubo forma de hacer una ecografía privada. El viernes ya no existe nadie acá, todo el mundo se toma el fin de semana”, relató su hermana, Silvia Jara Guerrero, al medio local.
En la noche de ese mismo viernes, ante la persistencia del malestar y la falta de respuesta, la mujer fue llevada por su familia al Hospital Zatti. Allí, según Silvia, fue atendida por una de las acusadas, quien le recetó calmantes y suero y autorizó su internación.
